Dentro de la transición hacia una agricultura sostenible, hay elementos claves como la  financiación, el uso de la tecnología y el relevo generacional para producir más de forma sustentable.

El futuro de la producción agrícola se presenta con desafíos recurrentes que sitúan al sector agropecuario en una encrucijada problemática. El cambio climático y la necesidad de determinar políticas concretas que permitan alcanzar la sostenibilidad ambiental sin comprometer la viabilidad económica, siguen siendo una prioridad.

El contexto mundial

La vulnerabilidad del sector exige medidas que faciliten la transición hacia una agricultura descarbonizada. A pesar de los avances en financiamiento, los expertos señalan que  los recursos siguen siendo insuficientes, especialmente en países en vías de desarrollo donde predominan pequeños y medianos productores. 

En este aspecto, la reelección de Donald Trump sumó incertidumbre a la agenda climática global. Estados Unidos, como uno de los principales inversores en materia climática, podría reducir sus aportes y esto agravaría más aún la situación. Ante este escenario, puede que las negociaciones climáticas se estanquen y que varios compromisos asumidos por el gobierno de Joe Biden queden sin efecto. 

Otra de las posibilidades es que haya un proceso donde se desarticulen determinadas negociaciones sobre políticas claves como por ejemplo el Green New Deal, al que Trump responsabiliza por el aumento de los costos energéticos, especialmente, en sectores como la agricultura.

Los desafíos de la producción rural

Para enfrentar los retos y las necesidades que exige el sector agrícola, es fundamental desarrollar modelos de producción que integren sostenibilidad climática y económica, satisfaciendo la creciente demanda de alimentos. 

Para poder llevarlo a cabo, son necesarios sistemas de manejo sostenible, respaldados por tecnologías y buenas prácticas agrícolas. La incorporación de nuevas tecnologías y la extensión rural como facilitadora de esta, seguirán siendo factores claves para el desarrollo del sector agroalimentario en 2025. 

Ante este panorama, la digitalización juega un papel central en esta transformación, facilitando el uso de tecnologías disruptivas que integran datos meteorológicos, condiciones del suelo y sistemas de riego. El uso de inteligencia artificial, automatización y análisis de datos, puede ser fundamental para abordar los desafíos climáticos, garantizar la seguridad alimentaria y responder al incremento de la demanda global.

De todos modos, estas herramientas necesitan una estructura firme que facilite su correcta implementación y adopción. Esta es la función de la extensión rural, una estrategia fundamental para que los pequeños y medianos productores puedan sacarle provecho a los beneficios de las tecnologías actuales y prácticas sostenibles. 

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en América Latina y el Caribe, apenas uno de cada nueve trabajadores recibe algún tipo de formación anual, comparado con el 50% en los países de la OCDE. Si bien los datos específicos sobre capacitación agrícola son limitados, se estima que en algunos países hasta el 80% de las explotaciones corresponden a pequeños agricultores, muchos de ellos en condiciones de alta informalidad, dificultando el acceso a servicios técnicos y tecnologías. Esta desigualdad formativa impacta directamente en la productividad y competitividad del sector agropecuario latinoamericano.

En un sector agropecuario dinámico y en constante evolución, la adquisición de conocimientos actualizados es esencial para reemplazar técnicas obsoletas, optimizar recursos naturales y promover una producción sostenible. 

Otro de los puntos a tener en cuenta es el cambio generacional que se está observando en el sector. Si bien en América Latina y el Caribe la situación difiere de la UE, donde más de un tercio de los agricultores supera los 65 años y muchas empresas familiares carecen de sucesores. En ALC el proceso es diferente. Aquí se puede observar una reducción de la agricultura familiar, y paralelamente, deficiencia de programas para el desarrollo rural que puedan retener a las jóvenes generaciones en el sector. 

Esto achica las oportunidades para los jóvenes, que migran a otros sectores económicos. Los bajos ingresos de las fincas familiares y el limitado estatus social del agricultor, dificultan la toma de riesgos y la adopción de innovaciones que necesitan procesos de aprendizaje largos y poco adaptados a sus capacidades.

En líneas generales, para tratar estos desafíos, es necesario tener en cuenta considerar no solo las actividades agrarias, sino también salud, infraestructura y factores sociales, económicos, ambientales y energéticos. Es por este motivo que los diferentes protagonistas de las cadenas alimentarias deben exigir políticas públicas coherentes que incluyan, inversión en tecnología sostenible y programas que tengan presente a las nuevas generaciones para garantizar la viabilidad del sector a futuro.