La comercialización de productos sostenibles requiere una serie de procesos y políticas adaptadas a cada región productiva. 

En relación a las regulaciones, las nuevas normativas de la Unión Europea (UE), como la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y el Reglamento de Deforestación (EUDR), exigen a las empresas mayor transparencia en sus prácticas sostenibles, alentando la adopción de estándares más estrictos y sostenibles.

La Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) por su parte solicita que las empresas de cualquier industria midan y reporten sus avances en sostenibilidad con mayor precisión y transparencia.

Si bien este proceso plantea desafíos significativos, también ofrece oportunidades para mejorar la gestión sostenible y dar cuenta del compromiso que tiene la empresa con la sostenibilidad.

Aunque es una directiva de la UE, la CSRD también se aplica a empresas con sede en el extranjero que tienen presencia en la UE. Esto significa que una hipotética empresa con sede en Latinoamérica con docenas de subsidiarias tiene que cumplir con la CSRD si incluso una de esas subsidiarias está en la UE.

En ese sentido, requiere una doble materialidad, lo que comprende que las empresas tendrán que revelar no sólo los riesgos que enfrentan debido a un clima cambiante, sino también los impactos que pueden causar al clima y a la sociedad.

Además, la CSRD exigirá que los datos de sostenibilidad de las empresas se presenten en un formato digital estandarizado. Esto tiene como objetivo brindar un formato claro para los informes de sostenibilidad de las empresas, que permita una mejor comprensión y una comparación más fácil entre las compañías. 

La normativa CSRD es esencial para las empresas agro de Latinoamérica debido a que promueve la transparencia, el cumplimiento normativo, la reducción de riesgos, la eficiencia operativa, el acceso a financiamiento, la preparación para futuras regulaciones y el impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente. Adoptar estos estándares es una inversión en la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de las empresas agrícolas.

El Reglamento de Deforestación (EUDR), en tanto, establece que los productos que contengan dentro de su composición soja, ganado bovino, cacao, café, entre otros, deben cumplir con condiciones específicas como la ausencia de deforestación en las áreas de origen de dichos productos primarios y la conformidad con la legislación del país de producción. 

Para esto, las empresas deben mejorar la trazabilidad de sus datos y la integridad de sus procesos, y deben tener en cuenta la implementación de medidas correctivas para cumplir con los requisitos del reglamento EUDR.

El alcance de las regulaciones

El Reglamento afecta a las empresas que importan, colocan, ponen a disposición o exportan desde el mercado de la UE productos básicos. Esto incluye tanto a empresas con sede en la UE como a empresas internacionales y se aplica a todos los canales de ventas, incluido el comercio minorista en línea, desde el momento en que un producto ingresa al mercado hasta el momento en que se entrega a los consumidores finales.

El reglamento distingue entre “operadores” que colocan estos productos en el mercado de la UE por primera vez y “comerciantes” que revenden los productos. Ambos grupos deben cumplir ciertos requisitos para poder cumplir con las directrices del EUDR.

EUDR impulsa la creación de cadenas de valor sostenibles al exigir que las empresas rastreen y reporten el origen de sus materias primas, asegurando prácticas libres de deforestación y explotación. Esto no solo protege los recursos naturales, sino que también mejora la transparencia y la confianza en la cadena de suministro.

Si bien todo parece pesimista, la sostenibilidad sigue siendo una meta a alcanzar y un terreno por conquistar. En ese sentido, cada vez hay más empresas que buscan impulsar el crecimiento a través de la sostenibilidad. Esto significa no solo centrarse en el crecimiento de los ingresos sino también en el crecimiento de los resultados, al mismo tiempo que se aumenta el capital social impulsando un impacto positivo que beneficie a las comunidades y al medio ambiente.

En resumen, las regulaciones y medidas estrictas logran que las regiones se posicionen en el mercado global, permitiendo que los productos ingresen al mercado y estén disponibles para un público consumidor cada vez más exigente en relación a los procesos de producción y el cuidado del medio ambiente.